El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, realizó una visita técnica al corregimiento de San Cristóbal para verificar el avance de la construcción de la Cárcel Metropolitana para personas sindicadas, un proyecto que busca convertirse en una solución estructural frente al hacinamiento que hoy se presenta en estaciones de Policía y centros de detención transitoria de la ciudad.

De acuerdo con la Administración Distrital, la obra registra actualmente un avance del 9 %. En el lugar se adelantan labores de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas.

La inversión total del proyecto asciende a $675.000 millones, bajo el modelo de asociación público-privada, con pagos programados entre los años 2027 y 2038.

La nueva infraestructura tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, distribuidas en seis pabellones, entre ellos uno especial para adultos mayores y personas con movilidad reducida. Además, contará con áreas de sanidad, jurídica, formación, visitas familiares y un centro de control dotado con tecnología de vigilancia permanente.

Durante el recorrido, el mandatario señaló que el establecimiento estará enfocado en un modelo de reinserción social para personas sindicadas, es decir, que no han sido condenadas.

“Vamos a tener pabellones dedicados a la formación y espacios especiales para las visitas familiares. Cada pabellón tendrá capacidad para 250 personas. Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos. Serán 1.339 cupos para sindicados, ni uno más. Aquí no habrá hacinamiento”, aseguró el alcalde.

La iniciativa cobra relevancia en medio del complejo panorama carcelario que enfrenta la ciudad. A febrero de 2025, el hacinamiento en estaciones de Policía alcanza el 123 %. Casos como la estación de Candelaria, diseñada para 75 personas y que hoy alberga a 304; Laureles, con capacidad para 30 y una ocupación de 104; y Belén, con cupo para 20 personas y presencia de 115, evidencian la gravedad de la situación.

Con la entrada en funcionamiento de esta cárcel, la Alcaldía espera descongestionar estos espacios y avanzar en el cumplimiento de estándares internacionales, como las Reglas Mandela, orientados a garantizar condiciones dignas de reclusión, acceso a salud, educación, formación técnica y atención psicosocial, con enfoque en la resocialización y la reducción de la reincidencia.

El alcalde también destacó que la infraestructura contará con un componente tecnológico de última generación y que el proyecto permite dar cumplimiento a una orden de la Corte Suprema de Justicia relacionada con la situación de las personas sindicadas en las ciudades.

El proyecto, además, genera impacto social y económico en el sector. Actualmente vincula a 297 trabajadores y la meta es alcanzar 500 empleos en 2026. Según la Alcaldía, se han superado las metas de contratación de mano de obra local y femenina, y se avanza en procesos de inversión social concertada con la comunidad.

Adicionalmente, la obra contempla compensaciones ambientales por más de 15,75 hectáreas y la implementación de medidas de control tecnológico y seguridad, sin afectar a las comunidades vecinas.

La Administración Distrital anunció que mantendrá el seguimiento permanente al avance de las obras y a la estructuración del modelo de operación del establecimiento, en articulación con el concesionario y las autoridades competentes.

Con esta infraestructura, la ciudad busca fortalecer su capacidad institucional para enfrentar el hacinamiento, garantizar condiciones dignas de reclusión y consolidar una política de seguridad que combine control, legalidad y oportunidades reales de resocialización.