Una nueva controversia sacude al país tras conocerse detalles de una lujosa parranda vallenata realizada al interior del Centro Penitenciario La Paz, en Itagüí, donde permanecen recluidos varios cabecillas vinculados al proceso de “paz urbana”.

Según denuncias conocidas en las últimas horas, el evento habría incluido un concierto privado del cantante vallenato Nelson Velásquez, licor de alto costo, comida tipo catering y una logística propia de eventos empresariales, todo dentro de una cárcel de máxima seguridad.

Una fiesta de alto nivel dentro de prisión

De acuerdo con la información revelada, la celebración se llevó a cabo en el patio 1 del penal y habría reunido a cerca de 100 personas, entre internos, invitados externos e incluso personal del centro penitenciario.

El evento, que habría costado cerca de 500 millones de pesos, fue financiado —según las versiones— mediante aportes de los propios reclusos. Cada uno de los cabecillas tendría autorización para ingresar visitantes, lo que facilitó la asistencia de familiares y allegados.

Además del show principal, la jornada incluyó presentaciones musicales adicionales, bebidas alcohólicas como whisky y vino, y servicio de catering contratado con proveedores externos.

Cabecillas de la “paz urbana”, entre los asistentes

Entre los participantes se encontraban reconocidos líderes criminales del Valle de Aburrá que actualmente hacen parte de los diálogos con el Gobierno nacional en el marco de la estrategia de “paz total”.

La fiesta, según las denuncias, habría tenido como propósito una especie de despedida, ante la eventual salida en libertad de algunos de estos voceros tras avances en las negociaciones.

Este hecho cobra mayor relevancia en medio del debate nacional por los beneficios jurídicos otorgados a estos cabecillas, incluyendo la suspensión de órdenes de captura para facilitar su participación en procesos de diálogo.

Denuncias y cuestionamientos políticos

El caso fue expuesto públicamente por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, quien cuestionó la realización de este tipo de eventos en un centro penitenciario y pidió explicaciones sobre quién autorizó la actividad.

Las críticas no se han hecho esperar. Sectores políticos y autoridades locales han advertido que este tipo de situaciones podrían evidenciar excesos en los beneficios otorgados a integrantes de estructuras criminales dentro del proceso de paz.

Incluso, versiones citadas por periodistas indican que el ingreso del artista habría sido autorizado “desde arriba”, lo que ha incrementado las dudas sobre los controles al interior del penal.

Silencio oficial y creciente polémica

Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha emitido una explicación oficial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el episodio se suma a una serie de hechos que han intensificado el debate sobre los límites entre la búsqueda de la paz y las concesiones a actores criminales.

La polémica sigue creciendo y pone nuevamente en el centro de la discusión la estrategia de “paz total”, especialmente en lo relacionado con los beneficios otorgados a quienes, pese a estar privados de la libertad, continúan teniendo protagonismo en escenarios de negociación.