Un documento que comenzó a circular ampliamente en las últimas horas ha generado un fuerte remezón político en Colombia. En el texto, atribuido a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, se ordena la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro del ejercicio de su cargo.

La providencia establece que el mandatario deberá apartarse de sus funciones hasta el 21 de junio de 2026, una decisión que, de confirmarse oficialmente, tendría profundas implicaciones para el país y abriría uno de los episodios institucionales más delicados de los últimos años.

El documento también dispone la notificación de la medida a la Presidencia de la República, al Ministerio Público y a las demás entidades competentes para su cumplimiento.

La difusión de esta decisión ha provocado una ola de reacciones en redes sociales y en distintos sectores políticos, debido al impacto que tendría una eventual suspensión del jefe de Estado en pleno ejercicio de sus funciones.

Mientras crece la controversia, la atención está puesta en los pronunciamientos oficiales que permitan establecer el alcance y la validez de la medida.