El Consejo de Estado ratificó la condena impuesta al Distrito de Medellín por las irregularidades en la adjudicación del contrato para el mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, proceso licitatorio adelantado en 2023 por un valor superior a los $70.000 millones.

La decisión judicial mantiene la obligación del Distrito de indemnizar con más de $2.300 millones al consorcio que, según la jurisdicción contencioso administrativa, debió ser el adjudicatario del contrato, luego de concluir que durante el proceso de selección se desconocieron los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva que rigen la contratación pública.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el Consorcio Génesis había ocupado inicialmente el primer lugar dentro del orden de elegibilidad. Sin embargo, fue excluido del proceso tras considerarse que su propuesta presentaba un precio artificialmente bajo. Posteriormente, el contrato fue adjudicado a otro oferente, decisión que fue demandada ante la jurisdicción administrativa.

Durante el proceso judicial se determinó que la oferta presentada por el Consorcio Génesis cumplía con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en la licitación, por lo que no existían fundamentos suficientes para apartarlo del proceso de selección. Esa conclusión llevó a declarar la nulidad de la adjudicación y a ordenar el pago de la correspondiente indemnización.

Uno de los aspectos más relevantes de la decisión es que prosperó el llamamiento en garantía formulado dentro del proceso contra la entonces secretaria de Suministros y Servicios, Evelyn Tatiana Beltrán. Como consecuencia, la exfuncionaria deberá responder con aproximadamente $1.061 millones de su patrimonio por la responsabilidad que le fue atribuida en los hechos que dieron origen a la condena contra el Distrito.

Mientras tanto, el caso continúa teniendo repercusiones en otras instancias judiciales. Las autoridades mantienen abiertas actuaciones penales relacionadas con la adjudicación del contrato, en las que también figura la exsecretaria de Infraestructura, dentro de las investigaciones que buscan establecer posibles responsabilidades por las decisiones adoptadas durante el proceso contractual.

La ratificación del fallo por parte del Consejo de Estado representa un nuevo capítulo en uno de los procesos de contratación pública más controvertidos de Medellín en los últimos años y mantiene bajo la lupa las actuaciones de varios exfuncionarios involucrados en la adjudicación del contrato destinado a la rehabilitación de la malla vial de la ciudad.