Un operativo articulado entre la Alcaldía de Medellín, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el FBI de Estados Unidos permitió afectar 44 bienes relacionados con integrantes y cabecillas de la organización narcotraficante ‘Los del Dorado’, cuyo valor supera los $22.000 millones.
La operación representa un golpe a la capacidad económica de esta estructura criminal, cuyos activos se encontraban en Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander. La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre los bienes, entre ellos apartamentos, vehículos y establecimientos de comercio.
13 meses siguiendo la ruta del dinero
Durante 13 meses, los investigadores adelantaron labores para establecer la ruta de los recursos y la presunta relación de los bienes con dineros provenientes del narcotráfico transnacional. Según la investigación, algunos activos habrían sido adquiridos con recursos ilícitos y registrados a nombre de familiares y personas de confianza para ocultar su verdadero origen.
De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, entre las personas relacionadas con esta estructura se encuentran alias ‘Olfer’, señalado como cabecilla principal, además de ‘El Calvo’, ‘Orlay’ y ‘Mono Chucho’.
La investigación también estableció una presunta relación criminal entre ‘Los del Dorado’ y el Clan del Golfo para actividades asociadas con la producción, transporte y envío de cocaína. En agosto de 2025 fueron capturadas siete personas que posteriormente fueron judicializadas por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Cámaras de Medellín, clave en la investigación
El alcalde Federico Gutiérrez destacó el papel del sistema de videovigilancia de Medellín en el seguimiento a los integrantes de esta organización y resaltó la importancia de fortalecer las capacidades tecnológicas de la ciudad a través del C5i.
Según explicó el mandatario, la estructura criminal adquiría base de coca en Nariño y posteriormente la trasladaba en camiones hasta Puerto Triunfo, donde contaba con laboratorios para procesarla en clorhidrato de cocaína. Desde allí, la droga era movilizada hacia la costa Caribe para su posterior envío a Centroamérica y Estados Unidos.
Gutiérrez también destacó la coordinación con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y señaló que la extinción de dominio constituye una de las herramientas que más afecta a las organizaciones criminales, al golpear directamente el patrimonio construido con recursos ilícitos.
Las autoridades anunciaron que continuarán trabajando para identificar, judicializar y afectar las fuentes de financiación del crimen organizado, con el propósito de evitar que las ganancias del narcotráfico sean convertidas en patrimonio aparentemente legal y debilitar la capacidad económica de estas estructuras.





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