Una propuesta busca convertir la cárcel Bellavista, en Bello, Antioquia, en el primer piloto nacional para bloquear las comunicaciones utilizadas para cometer delitos desde los establecimientos penitenciarios. ¿Qué opina usted?

Las cárceles colombianas podrían convertirse en escenario de una nueva estrategia tecnológica contra la extorsión. La propuesta plantea utilizar sistemas de inhibición y bloqueo de señales para impedir que desde los establecimientos penitenciarios se realicen llamadas y otras comunicaciones utilizadas para cometer delitos.

La iniciativa tomó fuerza esta semana luego de que el representante a la Cámara por Antioquia, Simón Molina Gómez, propusiera al ministro de Justicia, Iván Cancino, convertir la cárcel Bellavista, en Bello, en el primer piloto del país con el objetivo de bloquear las llamadas extorsivas que se originan desde ese establecimiento.

La propuesta contempla combinar tecnología de inhibición de señal con mayores controles al ingreso y uso de dispositivos, seguimiento técnico permanente y medición de resultados. El ministro de Justicia manifestó su disposición a evaluar la iniciativa.

Una problemática que ya tiene respuesta tecnológica

El bloqueo de comunicaciones desde las cárceles no parte de cero. El Decreto 851 de 2024 estableció mecanismos para restringir las comunicaciones no autorizadas dentro de los establecimientos de reclusión y fortaleció la coordinación entre el INPEC, el Ministerio de Justicia, el Ministerio TIC, la Agencia Nacional del Espectro y los operadores de telecomunicaciones.

La norma permite identificar dispositivos y líneas utilizados para comunicaciones no autorizadas y solicitar el bloqueo de elementos como el IMEI de los teléfonos y el IMSI asociado a las tarjetas SIM. También establece procedimientos para que los operadores ejecuten los bloqueos y contempla mecanismos para reclamar cuando un dispositivo haya sido bloqueado de manera injustificada.

La Agencia Nacional del Espectro, además, cuenta desde 2019 con lineamientos técnicos para la inhibición de señales dentro de establecimientos penitenciarios, con el propósito de evitar interferencias perjudiciales en las zonas aledañas.

El problema: miles de celulares dentro de las cárceles

Los operativos del INPEC muestran la dimensión del desafío.

Durante 2025, la denominada Operación Dominó realizó 828 operativos de registro y control y reportó la incautación de 5.781 celulares, además de miles de tarjetas SIM, armas blancas, estupefacientes y dinero relacionado con posibles actividades de extorsión. (

En enero de 2026, un operativo simultáneo en los 124 establecimientos de reclusión del país permitió incautar otros 1.320 teléfonos celulares y 1.700 tarjetas SIM. En esa oportunidad, el Ministerio de Justicia también anunció que avanzaría en la modernización tecnológica del sistema penitenciario, incluyendo la instalación efectiva de bloqueadores de señal en establecimientos identificados como focos persistentes de actividades criminales. (

El Gobierno prepara nuevos protocolos

La discusión se produce mientras el Gobierno Nacional anunció nuevos ajustes a los protocolos para enfrentar las comunicaciones delictivas desde las cárceles.

El Ministerio TIC informó que trabaja con los operadores de telefonía y con plataformas digitales para fortalecer las herramientas de identificación, trazabilidad y restricción de mensajes utilizados en extorsiones y otros delitos. La intención es que la respuesta institucional sea más rápida, permanente y medible.

La discusión, por tanto, ya no se limita a decomisar teléfonos. El debate está centrado en cómo impedir que los dispositivos que logren ingresar a las cárceles puedan ser utilizados para contactar a las víctimas.

¿Qué se busca con un piloto en Bellavista?

La propuesta para Bellavista plantea medir si una estrategia tecnológica puede reducir efectivamente las comunicaciones delictivas que salen del establecimiento.

El seguimiento podría incluir indicadores como:

• Número de llamadas extorsivas identificadas con origen en el establecimiento.
• Cantidad de dispositivos y líneas bloqueadas.
• Denuncias de extorsión asociadas a comunicaciones provenientes de la cárcel.
• Resultados de los operativos de registro y control.
• Incidencia de las comunicaciones ilícitas antes y después de la implementación.
• Posibles afectaciones sobre las comunicaciones legítimas en las zonas cercanas.

El reto técnico consiste en lograr que el bloqueo sea efectivo dentro de la cárcel sin generar interferencias indebidas en los sectores vecinos. Precisamente por esta razón, la regulación colombiana contempla la participación y vigilancia de la Agencia Nacional del Espectro.

¿Usted está de acuerdo con bloquear las señales de celular en las cárceles para combatir la extorsión?