El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, explicó las razones por las cuales decidió no acatar algunas de las medidas tributarias incluidas en el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional. Según indicó, la decisión se fundamenta en la Constitución Política de 1991 y en la defensa de la autonomía regional.

Rendón señaló que la Gobernación convocó una cumbre extraordinaria de gobernadores con el fin de analizar el impacto que tendría la aplicación de estas normas, las cuales calificó como desproporcionadas y contrarias a principios constitucionales. En ese contexto, afirmó que Antioquia encontró un respaldo jurídico en la figura de la excepción de inconstitucionalidad, contemplada en el artículo 4 de la Constitución, que permite a las autoridades inaplicar normas que vulneren la Carta Magna.

El mandatario departamental aseguró que ningún decreto puede estar por encima de la Constitución ni de las competencias del Congreso, especialmente en materia tributaria. A su juicio, el decreto de emergencia económica invade la facultad exclusiva del Legislativo para establecer impuestos.

Entre las medidas que más afectarían a la región, Rendón destacó las relacionadas con el impuesto al consumo de licores y el IVA. Explicó que, de aplicarse el decreto, la Fábrica de Licores de Antioquia tendría que girar al Gobierno Nacional más de 720 mil millones de pesos durante este año, recursos que, según dijo, podrían invertirse en el departamento y en otros territorios donde se comercializan estos productos.

El gobernador también advirtió sobre el impacto directo en los ciudadanos. Puso como ejemplo que una botella de aguardiente de 750 mililitros podría pasar de costar alrededor de 40 mil a 60 mil pesos, debido al aumento de la carga impositiva.

Rendón anunció que expondrá esta postura ante sus homólogos con el objetivo de que otros gobernadores se sumen a la iniciativa. No obstante, confirmó que Antioquia ya tomó la decisión de avanzar por este camino y que antes de finalizar el mes se expedirá un acto administrativo que formalice la inaplicabilidad de estas normas en el departamento.

Finalmente, el gobernador afirmó que los decretos expedidos a finales del año pasado por el Gobierno Nacional, incluyendo los relacionados con el salario mínimo y la emergencia económica, representarían para Antioquia una afectación cercana a 1,5 billones de pesos. Según explicó, la excepción de inconstitucionalidad se mantendría vigente hasta que la Corte Constitucional emita un fallo de fondo sobre el tema.