El gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, Luis Fernando Arroyave Soto, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el personal de salud y la red hospitalaria pública debido a la falta de pagos oportunos por parte de las aseguradoras y del ADRES, una problemática que ya pone en riesgo la operación de los hospitales.
Según explicó, los giros no están llegando ni a tiempo ni en las condiciones adecuadas, lo que ha generado retrasos de tres y hasta cuatro meses sin recibir un solo peso. Esta situación impide cumplir con el pago del personal, adquirir insumos médicos y garantizar el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria.
“El problema no es exclusivo de este hospital. Todos los hospitales públicos estamos viviendo lo mismo. En ocasiones se llega a acuerdos con los aseguradores, pero no se cumplen”, señaló Arroyave.
El directivo expresó su preocupación ante la posibilidad de que un hospital como el San Rafael, de segundo y tercer nivel, tenga que cerrar servicios. Recordó que esta institución atiende casos de trauma del sur del Valle de Aburrá, del suroeste antioqueño y de otras zonas del departamento, por lo que su cierre dejaría a miles de pacientes sin atención.
Aunque destacó los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia para mejorar la infraestructura y dotar algunos equipos, advirtió que gran parte de la tecnología hospitalaria es obsoleta y se ha deteriorado con el paso del tiempo, sin posibilidad de mantenimiento por los altos costos y la falta de recursos.
Arroyave también recalcó que la crisis no solo afecta al personal médico y asistencial, sino a trabajadores de aseo, lavandería, vigilancia y alimentación, servicios esenciales para el funcionamiento de los hospitales y que hoy enfrentan grandes deudas por la falta de pago de las aseguradoras.
Como ejemplo de esta problemática, el gerente relató el caso de una paciente de 79 años, quien ingresó el pasado 10 de este mes con una fractura. Aunque fue recibida para aliviar su dolor y evitar complicaciones, ningún otro hospital del departamento aceptó su remisión, precisamente por las deudas acumuladas con los aseguradores.
“Estamos comprometidos con la atención de los pacientes, pero los recursos no nos están llegando. Sin financiación, la salud pública sigue siendo la más golpeada”, concluyó el gerente, haciendo un llamado a un acuerdo nacional urgente que permita aliviar la crisis y garantizar la continuidad de los servicios de salud.




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