El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció con contundencia tras el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que le ordena al Gobierno Nacional ponerse al día con las deudas que mantiene con EPS, clínicas y hospitales de la ciudad.

Gutiérrez señaló que la justicia les dio la razón y que ahora el Gobierno tiene un plazo máximo de 30 días para saldar las obligaciones pendientes, tanto con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) —muchas de ellas intervenidas por el mismo Ejecutivo— como con las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS), públicas y privadas.

“El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Petro, destruyó el sistema de salud y está poniendo en riesgo la vida de la gente. Eso está más que demostrado”, afirmó el mandatario local.

La acción popular interpuesta por la administración de Medellín busca proteger a los pacientes y garantizar la continuidad de los servicios médicos. Gutiérrez hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores del país a sumarse a esta medida, asegurando que ya se demostró que tiene vocación de éxito.

Además, advirtió que si el Gobierno no cumple con el fallo judicial, podrían imponerse sanciones económicas e incluso cárcel para los funcionarios responsables.

“Lo que han hecho con la salud es criminal. Para mejorar el sistema no era necesario destruirlo”, sentenció.

La situación genera creciente preocupación en el sector salud y entre los ciudadanos que dependen de un sistema que, según el alcalde, se encuentra en estado crítico por decisiones del nivel central.