El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respondió un derecho de petición sobre la polémica salida de reconocidos cabecillas criminales de Medellín —condenados por concierto para delinquir y otros delitos— a un evento con el presidente Gustavo Petro, en el marco de la política de “paz total” con bandas del Valle de Aburrá.

Según la entidad, el encuentro se realizó el pasado 21 de junio en el centro administrativo La Alpujarra, en el corazón de Medellín. Asistieron nueve cabecillas:

• Juan Carlos Mesa Vallejo, alias «Tom»
• Jesús Vallejo Alarcón, alias «Vallejo»
• Freyner Alonso Ramírez García, alias «Carlos Pesebre»
• Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias «El Compa»
• Juan Fernando Álvarez, alias «Juan 23»
• Élder Darbry Zapata Rivera, alias «Grande Pa»
• José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas
• Dayron Alberto Muñoz Torres
• Walter Alonso Román Jiménez

La escena, que generó rechazo a nivel nacional, fue autorizada —según el Inpec— con base en el numeral 4 del artículo 189 de la Constitución, el cual respalda las facultades del presidente como suprema autoridad administrativa. En su respuesta, el Instituto citó además el artículo 72 de la Ley 65 de 1993 y el decreto 4151 de 2011, para argumentar que no necesitaban autorización judicial para los traslados.

El permiso fue solicitado formalmente por la senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, delegada para el Espacio de Conversación Sociojurídico, en articulación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esa solicitud, hoy en poder de la justicia, es clave en las acciones legales que avanzan en su contra por una presunta violación a la ley.

Sin embargo, la ausencia de un aval de los jueces de ejecución de penas ha encendido las alarmas. El concejal de Medellín y exsecretario de Seguridad, Andrés Tobón, fue enfático:

“En su interpretación torcida de la norma, terminan afirmando algo que ningún colombiano quisiera escuchar de la entidad que debe custodiar a los criminales: que no necesitan autorización de nadie para sacarlos de la cárcel”.

La polémica sigue creciendo y el debate jurídico sobre la legalidad de esta actuación apenas comienza.