Luego de que se ordenara la casa por cárcel para la secretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo Ruiz, y para la ex directora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, se siguen conociendo detalles de la investigación de la Fiscalía por la que les imputaron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Por este caso también fue imputado el que era el representante legal de la corporación Colombia Avanza, entidad con la que se investigaron dos contratos que ascienden a los 27 mil millones y en los que se habrían detectado presuntos actos de corrupción.
El ente investigador pudo establecer que la corporación Colombia Avanza obtuvo la calificación más baja entre los oferentes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cuanto a la capacidad financiero. Señaló que, en ese sentido, la entidad solo podía celebrar contratos por un valor máximo de 720 millones de pesos, sin embargo le fue asignado uno por más de 20 mil millones de pesos.
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También se conoció que mientras se ejecutaba el primer contrato, la secretaria de Educación y la ex directora técnica de Buen Comienzo, al parecer, le entregaron otro contrato por más de 7 mil millones de pesos.
La finalidad de este último era para entregar paquetes alimentarios en medio de la emergencia por la pandemia del Covid-19.
En este último convenio se halló, según la Fiscalía, que la corporación no contaba con una bodega de gran tamaño para almacenar la cantidad de alimentos, sin embargo, la Administración Distrital, sin ninguna contraprestación, le habría prestado una.
Además de este hecho, la Fiscalía también encontró posibles sobrecostos, por más de 800 millones de pesos, en la adquisición de algunos alimentos.
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