El Tribunal Superior de Bogotá volvió a sacudir el tablero político al contradecir a la Corte Suprema de Justicia y declarar que la interceptación legal en la que se escucha al expresidente Álvaro Uribe Vélez hablando de presuntos sobornos es “parte de su intimidad”.
Una decisión que, para muchos sectores, repite la historia de impunidad y protege a quienes tejieron alianzas con el poder del narcotráfico y el paramilitarismo en Colombia.

Desde el Gobierno, la lectura es otra: el presidente Gustavo Petro aprovechó el fallo para revivir su discurso sobre la “verdad oculta del poder” y responsabilizar a los sectores tradicionales de haber convertido al país en escenario del genocidio político que marcó décadas pasadas.
“El tribunal tapa la historia de la gobernanza paramilitar, de los políticos aliados con el narcotráfico”, denunció Petro, quien también lanzó dardos contra el presidente estadounidense Donald Trump, a quien acusa de promover sanciones en su contra con el apoyo de “los mismos que ayudaron al paramilitarismo en Colombia”.

El mandatario no se quedó solo en las palabras. Anunció una serie de concentraciones en plazas públicas que iniciarán este viernes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde comenzará la recolección de firmas para lo que denomina el “poder constituyente del pueblo”.
Según el propio Petro, esta movilización busca “definir el rumbo del país”, aunque en la oposición ya ven en esa estrategia una maniobra para perpetuarse en el poder o, incluso, extender su mandato bajo el argumento de una transformación popular.

La batalla política está servida: entre quienes celebran la absolución de Uribe como una victoria judicial y quienes la denuncian como una muestra más del poder de las élites que nunca se fueron, el presidente Petro redobla su apuesta por la calle y por un proyecto que, según sus críticos, busca convertir la movilización en el nuevo motor del poder en Colombia.