La intervención del presidente Gustavo Petro en la plazoleta de la Alpujarra en Medellín, fue un rosario de puyas a la clase empresarial, una provocación discursiva contra los mandatarios locales y un sinnúmero de amenazas aplaudidas por puñado de asistentes entre los que se encontraban jefes de bandas criminales presos en la cárcel de Itagüí.
El apoyo y discurso de paz que intentó dejar el Presidente, se borró en la misma tarima con la andanada de ataques donde, aparte del empresariado y los políticos locales, fueron blanco Empresas de Públicas de Medellín y la extranjera AngloGold Ashanti, a quien pidió salir “por las buenas” del proyecto minero en Jericó.
Bajar el tono al discurso amenazante y temerario; quedó en un acta y una foto, no en la práctica. En Medellín ha dejado la desazón de un presidente que gobierna a punta de chantajes, soberbia e instigación al odio de clases, contra el oponente político y el capitalismo. Un gobierno que trata de enmascarar su mal gerencia con una política de paz que ahora dice estar dispuesto a negociar con los jefes de las bandas criminales -prácticamente sin limitaciones- para acabar definitivamente la violencia en la ciudad. Se le hizo fácil pronunciar sus ligeras promesas de paz, pero muy difícil el cumplimiento económico para las grandes obras de infraestructura de Antioquia. Llegó “mani vacío”.
Como en otras plazas, sus intervenciones, se fueron destiñendo entre refrigerios y vítores premeditados para incomodar. Sus convocatorias son un ejercicio deliberado de simbolismos, versos sin rima y agravios sin parangón. Es el visitante que llega a criticar, insultar y dividir. El haber escogido la Alpujarra (símbolo de la institucionalidad antioqueña) fue un mensaje de dominio a uno de los epicentros políticos que se resiste a sus narrativas y que más fuerte posición le hace a su Gobierno. Es la casa que quiere revolcar para enemistar a sus habitantes. La casa desde donde ha instado para que “el pueblo se autoconvoque” a una Constituyente.
Una escena predecible que se seguirá viendo por todo el país en una campaña de siembra (“el pueblo manda”) en la que pretende triunfar como en la cuestionada reforma laboral que obtuvo más por chantaje al legislativo que por convicción. Son estas actitudes delirantes una muestra más del deterioro democrático que vive el país y se estima empeore en el último año de gobierno.
Varios analistas políticos se atreven a predecir una recta final con un presidente en campaña empecinado en cambiar la Constitución del 91 a la medida de sus futuros intereses, una violencia política recrudecida contra opositores y una puja de poderes con las Cortes y el Congreso luchando contra la extorsión presidencial, la defensa de la Constitución y el cálculo político.