Un juez de segunda instancia revocó la medida no privativa de la libertad que pesa contra el mandatario, Édgar Augusto Gallego Arias, y le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Esto como presunto responsable de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.
Con esta misma medida fueron afectados la secretaria de Gobierno, Lorena Torres Montoya, y el secretario de Servicios Administrativos, Rogelio Córdoba.
Según la investigación, las presuntas irregularidades se presentaron en cinco contratos por un valor de 165 millones de pesos, para el suministro de alimentos para capacitaciones en el municipio.
También se conoció que el alcalde tiene otras dos investigaciones en etapa de juicio por presuntas irregularidades en dos contratos suscritos en pandemia.
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