Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación que solicitó audiencia de imputación de cargos en contra del excandidato presidencial, su hijo, David Zuluaga Martínez, y la ex ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa.
Al parecer, Zuluaga habría recibido aportes a su campaña por parte de la multinacional brasilera Odebrecht, del orden de los 1’610.000 dólares para cubrir la contratación del publicista ‘Duda’ Mendoca.
Según el material probatorio con el que cuenta la Fiscalía, en 2014 el entonces candidato a la presidencia se habría reunido varias veces, en su apartamento en el norte de Bogotá, con el ex directivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli, para pactar los pagos.
Con este hecho se vulneró el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.
La investigación arroja que Óscar Iván Zuluaga omitió al Consejo Nacional Electoral esta información, a fin de obtener una reposición de votos por más de $25.000 millones, tal y como ocurrió.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales imputarán a Zuluaga los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particular. Por su parte, a su hijo le imputarán fraude procesal.
Sobre la ex ministra de Transporte, Cecilia Álvarez Correa, la Fiscalía señaló que en su condición de ministra avaló la celebración de los otrosíes 3 y 6 al contrato Ruta del Sol II, los cuales adicionaron al proyecto vial la construcción del tramo Ocaña-Gamarra.
La ex ministra emitió una resolución el 22 de julio de 2014 que permitió a la concesionaria, de la que hacía parte Odebrecht, instalar dos nuevas estaciones de peaje y subir el cobro en otras cinco que estaban funcionando.
Según la Fiscalía, estas adiciones se hicieron sin estudios técnicos que las sustentaran, y sin autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y sin el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Compes), como lo exige la ley.
Por lo anterior, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputará a la ex ministra el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
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