El presidente del Concejo Distrital de Medellín, Alejandro de Bedout, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación una denuncia sobre un presunto plan de fuga masiva que, según la información recibida por una fuente ciudadana, estaría siendo preparado en la cárcel de Itagüí y tendría como plazo de ejecución una fecha previa al 7 de agosto de 2026, día en que asumirá la Presidencia de la República Abelardo de la Espriella.

Según el documento radicado por el cabildante, la alerta fue recibida mediante una llamada telefónica realizada el 14 de julio. La persona que entregó la información aseguró conocer, a través de un tercero, detalles de una operación que involucraría a varios internos considerados de alta peligrosidad y que contaría con apoyo logístico desde el exterior del centro penitenciario.

En la denuncia se señala que la fuente manifestó temor por su integridad, razón por la cual decidió abandonar la ciudad tras entregar la información. Asimismo, se advierte que el supuesto operativo contemplaría el uso de vehículos y la participación de personas ajenas al establecimiento carcelario, lo que, de ser cierto, evidenciaría un alto nivel de planificación.

De Bedout sostuvo que la alerta cobra especial relevancia debido a que en la cárcel de Itagüí permanecen recluidos reconocidos cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá, entre ellos alias “Douglas”, “Tom”, “Carlos Pesebre”, “Lindolfo”, “Albert”, “Naranjo” y “Mundo Malo”. Según afirmó, estos líderes tendrían influencia sobre cientos de estructuras delincuenciales que operan en Medellín y su área metropolitana.

El concejal también recordó que en ese centro penitenciario funciona la denominada “Mesa de Itagüí”, escenario donde el Gobierno Nacional adelanta desde 2023 conversaciones con voceros de estructuras criminales. Además, señaló que la Fiscalía suspendió mediante la Resolución 00072 de 2026 las órdenes de captura contra 23 de esos cabecillas, mientras que el Consejo de Estado reactivó posteriormente las capturas de siete de ellos al considerar que existía riesgo de fuga.

En su pronunciamiento, el presidente del Concejo advirtió que los hechos descritos podrían configurar delitos como fuga de presos, favorecimiento de la fuga y concierto para delinquir, aunque enfatizó que corresponde a la Fiscalía verificar la información y establecer si existen elementos que sustenten la denuncia.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de la Nación, ni el INPEC, ni el Gobierno Nacional se han pronunciado oficialmente sobre la existencia de un plan de fuga o sobre las medidas que eventualmente se adoptarían frente a esta alerta. La denuncia, por ahora, se encuentra en etapa de verificación por parte de las autoridades competentes.