Además de evidenciar presuntos casos de corrupción en el Presupuesto Participativo, también fue identificada la suplantación de ciudadanos en las votaciones virtuales.
Al parecer, en la administración anterior fueron utilizados los datos de los ciudadanos sin autorización, con el propósito de direccionar los recursos a algunos proyectos específicos.
Ante lo ya mencionado, la Fiscalía solicitó pruebas de esto, pero además hay testigos y denunciantes que afirman no haber votado en el Presupuesto Participativo.
En las investigaciones también fue evidenciado un presunto carrusel de contratación, en el que se habrían direccionado los recursos del Presupuesto Participativo para favorecer alrededor de 18 corporaciones.
Esto se encuentra soportado en correos electrónicos y con códigos internos con las cuales se identificaban las corporaciones que debían ser contratadas.
El alcalde señaló que esta información de contrataciones se hacía a través de un correo de Gmail y no a través de uno institucional.
Las investigaciones arrojan que los contratistas habrían recibido sumas superiores a los $25 mil millones, estos distribuidos en su mayoría en la Secretaría de Participación Ciudadana, el INDER y la Secretaría de Cultura.
Además, aseguró que el INDER ejecutó en el último trimestre del 2023 un presupuesto de $16 mil millones en implementos deportivos, los cuales no se han podido encontrar, ni tampoco los soportes.
A esta investigación también se suma una presunta relación entre la Secretaría de Participación y Plaza Mayor, donde se habría destinado un dinero para unos eventos, pero estos no se realizaron.
No menos importante, la investigación también arroja la presunta desviación de recursos públicos del Presupuesto Participativo para campañas a la Alcaldía de Medellín.
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