Fecha publicación 19/10/2026

Megacárcel Metropolitana de Medellín alcanza el 47 % de avance: estará lista en mayo de 2027

La infraestructura, ubicada en San Cristóbal, tendrá capacidad para 1.339 personas sindicadas y representa una inversión superior a los $675.000 millones. La Administración Distrital proyecta el ingreso de los primeros internos para finales de julio de 2027.

La construcción de la Megacárcel Metropolitana de Medellín para Sindicados alcanza un avance del 47 %. El proyecto, ubicado en la vereda Pedregal Alto, en el corregimiento de San Cristóbal, busca mejorar las condiciones de reclusión transitoria, contribuir a la reducción del hacinamiento en las estaciones de Policía y fortalecer la capacidad institucional frente a la criminalidad.

La infraestructura cuenta con una inversión superior a los $675.000 millones y tendrá capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad. De acuerdo con el cronograma presentado por la Administración Distrital, la construcción finalizará en mayo de 2027 y, después de un período de alistamiento y pruebas de seguridad y tecnología, se espera que a finales de julio comiencen a ingresar los primeros sindicados.

“Vamos viento en popa: 47 % de avance de construcción de obra de la Megacárcel Metropolitana de Medellín. Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente, porque vamos a tener un control absoluto y capacidad para 1.300 personas”, afirmó el alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario explicó que, una vez terminada la construcción, se requerirá aproximadamente entre un mes y un mes y medio para completar el alistamiento, especialmente en los componentes de seguridad y tecnología, además de realizar las primeras pruebas con personas sindicadas. La meta anunciada es que, para finales de julio de 2027, cerca de 1.200 personas que actualmente permanecen en estaciones de Policía sean trasladadas a este centro de reclusión.

Seis pabellones y espacios para atención integral

El proyecto contempla seis pabellones: cinco con capacidad para 240 personas cada uno y uno especial para 139 internos. Este último contará con una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad.

En el frente constructivo, las celdas de los pabellones del 1 al 5 ya alcanzaron el cuarto nivel. Paralelamente, avanzan las estructuras de cubierta, las redes internas y la construcción de los edificios destinados a sanidad, formación, educación y visitas, así como las áreas administrativas y de servicios.

La megacárcel también dispondrá de espacios para la atención en salud, las visitas familiares, el trabajo, la formación y la educación, con el propósito de facilitar procesos de resocialización. El modelo contempla vigilancia privada especializada para las funciones de custodia y seguridad del establecimiento.

“Se tendrá vigilancia privada y especializada para un centro carcelario, como se manejan los temas de máxima seguridad y este tiene que ser un modelo no solo para Medellín, sino para Colombia”, señaló Gutiérrez.

Una obra que genera empleo y busca descongestionar las estaciones

Además de ampliar la capacidad de reclusión, el proyecto ha generado 563 empleos directos, con beneficios para habitantes de sectores cercanos, entre ellos San Cristóbal.

La megacárcel se desarrolla bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), con una concesión de 15 años: tres destinados a la construcción y 12 a la operación. Según la Administración Distrital, se trata de la primera infraestructura de este tipo en Medellín y Colombia bajo este esquema.

La ejecución está liderada por la Agencia APP y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, con la participación de Carmet Medellín S.A.S. y el Consorcio Intercárceles.

Una vez entre en funcionamiento, la infraestructura busca mejorar las condiciones de reclusión de las personas sindicadas y aliviar la presión sobre las estaciones de Policía, donde actualmente permanecen personas que requieren condiciones adecuadas de custodia. Con ello, la Administración Distrital espera fortalecer la respuesta institucional frente a los desafíos de seguridad y justicia y liberar capacidades policiales para concentrarlas en la prevención y persecución del delito.

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