En un giro que ha encendido las alarmas en distintos sectores políticos, el presidente Gustavo Petro estaría contemplando la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, a pesar de haber prometido —incluso grabado en placas de mármol durante su campaña— que no lo haría.

La aparente contradicción entre sus palabras y sus acciones plantea serios interrogantes sobre la coherencia de su proyecto político y la estabilidad institucional del país. ¿Es legítimo reinterpretar el mandato popular para impulsar una transformación del Estado que no fue parte explícita del pacto electoral? ¿Se trata de una estrategia para sortear los límites del actual Congreso y avanzar en su agenda sin contrapesos?

La idea de una Constituyente no solo revive viejos temores sobre el uso del poder para reescribir las reglas del juego, sino que también evidencia el desgaste de un gobierno que, ante la dificultad de implementar sus reformas, estaría buscando caminos extraordinarios para imponer su visión. La pregunta de fondo no es si es legal, sino si es legítimo traicionar una promesa que fue central en la construcción de su confianza electoral.