El presidente Gustavo Petro volvió a poner a Medellín en el centro del debate sobre la seguridad. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, aseguró que durante su gobierno la ciudad ha logrado reducir su tasa de homicidios “más que Bogotá” y alcanzar niveles históricamente bajos gracias a la política de diálogo en cárceles, barrios populares y con las juventudes. En el mismo pronunciamiento, advirtió que responder a la violencia barrial con más fuerza desde el Estado solo generaría más violencia, pidió evitar que se repitan episodios como la Operación Orión y llamó a fortalecer la cultura, las redes juveniles y el diálogo entre las organizaciones sociales.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas porque reabren la discusión sobre quién debe recibir el reconocimiento por la mejora en los indicadores de seguridad de Medellín. Mientras el presidente atribuye el resultado a las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional, la administración distrital ha sostenido que la reducción de los homicidios es consecuencia de su estrategia integral de seguridad, el trabajo coordinado con la Policía y la Fiscalía, y las intervenciones territoriales en las comunas. La afirmación de Petro, por tanto, vuelve a enfrentar dos narrativas sobre un mismo resultado y deja abierta una pregunta que seguramente alimentará el debate público: ¿quién merece realmente el crédito por la histórica reducción de homicidios en Medellín?