La Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ejecutó la operación estructural “Freya”, con la que fue desarticulada una estructura criminal dedicada al apoderamiento ilícito de hidrocarburos mediante la instalación de válvulas clandestinas sobre el poliducto Sebastopol–Medellín.

La operación se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y permitió realizar 10 diligencias de registro y allanamiento en los municipios de Medellín, Bello, San Luis y San Roque, Antioquia. Como resultado, fueron capturadas 10 personas por los delitos de apoderamiento de hidrocarburos, receptación de hidrocarburos, concierto para delinquir y daño a la infraestructura energética y petrolera.

Durante los procedimientos también fueron incautados cinco teléfonos celulares, elementos que serán sometidos a análisis como parte del proceso investigativo y que podrían aportar información sobre el funcionamiento y las actividades de la organización.

De acuerdo con las investigaciones, la estructura habría operado durante aproximadamente dos años y ocasionado pérdidas superiores a $8.000 millones a la infraestructura de Ecopetrol. Su actividad criminal consistía en instalar válvulas clandestinas en puntos de difícil acceso del poliducto, utilizando técnicas de camuflaje para dificultar su detección por parte de las autoridades.

Posteriormente, los combustibles derivados del petróleo eran almacenados y transportados de manera ilegal para abastecer estaciones de servicio de forma irregular, actividades de minería ilegal y redes de comercialización ilícita en diferentes municipios.

Las autoridades también establecieron que parte de las ganancias obtenidas mediante esta actividad habría terminado financiando estructuras criminales. Según la investigación, aproximadamente el 20 % de las ganancias era destinado a la subestructura Pacificadores de Samaná del Clan del Golfo.

Con este resultado, la Policía Nacional señaló que se afecta de manera directa una economía ilícita que generaba millonarios recursos para organizaciones criminales y que, además, representaba un riesgo para la infraestructura energética y petrolera del país.

La institución reiteró su compromiso de continuar desarrollando operaciones contra las estructuras dedicadas al hurto de hidrocarburos y otras actividades ilícitas, con el propósito de proteger la infraestructura estratégica de la Nación, afectar las fuentes de financiación de las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad en el territorio.