La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia ordenó la apertura de una indagación previa para establecer si servidores públicos de la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia incurrieron en posibles faltas disciplinarias durante los hechos registrados el pasado 4 de julio en la avenida Ferrocarril con San Juan, en Medellín.

La actuación disciplinaria se originó a partir de una comunicación enviada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en la que puso en conocimiento la intervención realizada sobre un puente vehicular mediante la elaboración de un mural o grafiti que, según la Administración Distrital, no contaba con autorización oficial.

En la denuncia también se indicó que durante la actividad hicieron presencia funcionarios de la Defensoría del Pueblo portando prendas e insignias institucionales y que, presuntamente, habrían realizado labores de acompañamiento, observación o supervisión. Asimismo, el mandatario señaló que durante la jornada fueron distribuidos impresos relacionados con la denominada “Carta de Argel”.

En el auto, la Procuraduría aclara que la finalidad de esta etapa procesal no es determinar la legalidad de la intervención sobre el espacio público ni establecer responsabilidades de los particulares que participaron en la elaboración del mural. El objetivo es verificar la ocurrencia de los hechos, identificar a los servidores públicos que estuvieron presentes, establecer bajo qué circunstancias actuaron y determinar si su comportamiento guarda relación con el ejercicio de sus funciones o si podría tener relevancia disciplinaria.

Como parte de las pruebas decretadas, el Ministerio Público solicitó a la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia informar si existió presencia institucional en el lugar, las razones de esa actuación, los informes, comunicaciones, órdenes de servicio y demás documentos relacionados con la jornada, además de identificar a los funcionarios que asistieron.

La Procuraduría también requirió información a la Alcaldía de Medellín para establecer si existía autorización para intervenir el puente y conocer los informes elaborados sobre los hechos. De igual forma, pidió reportes a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y a la Personería Distrital de Medellín sobre la presencia de sus funcionarios y las actuaciones desarrolladas ese día.

La indagación previa tendrá como propósito recaudar las pruebas necesarias para determinar si existen méritos suficientes para avanzar hacia una investigación disciplinaria formal contra los servidores públicos que eventualmente hayan intervenido en estos hechos.