Treinta aves silvestres y una tortuga morrocoy fueron rescatadas durante un operativo realizado en una vivienda de Medellín, en una acción conjunta entre el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), el Grupo de Policía Ambiental y de Recursos Naturales, el Ejército Nacional y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Tras la valoración inicial, los médicos veterinarios encontraron que los animales presentaban graves afectaciones derivadas del cautiverio. Entre ellas se identificaron sobrecrecimiento de pico y uñas, pérdida de plumaje, enfermedades asociadas a una mala alimentación, condiciones inadecuadas de alojamiento y estrés crónico. En el caso de la tortuga morrocoy, se evidenció una deformación en el caparazón y signos compatibles con enfermedad metabólica ósea.

Entre las especies recuperadas se encuentran turpiales, cardenales guajiros, sinsontes, tángaras reales, loros frentiamarillos y azulejos comunes, aves altamente apetecidas por el tráfico ilegal debido a la belleza de su plumaje y su canto. Sin embargo, las autoridades recordaron que estas especies cumplen funciones esenciales para el equilibrio de los ecosistemas, como la dispersión de semillas y el control natural de insectos.

El líder de vigilancia ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Álvaro Zapata, explicó que algunas de las especies rescatadas están clasificadas como vulnerables, lo que significa que enfrentan un alto riesgo de desaparecer de su entorno natural debido, entre otras causas, a la pérdida de hábitat y al tráfico ilegal.

Los animales fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR), donde recibirán atención especializada para determinar si podrán regresar a su hábitat natural.

En lo corrido de 2026, las autoridades han rescatado 654 aves en operativos y mediante entregas voluntarias en el Valle de Aburrá. Desde 2024, la cifra supera los 2.500 ejemplares, un indicador que evidencia la persistencia del tráfico ilegal de fauna silvestre en la región. Las autoridades recordaron que la extracción, tenencia, transporte y comercialización de especies silvestres constituye un delito que puede acarrear penas de entre cinco y once años de prisión, además de multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales.